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La suspensión de la Res. UIF 39 y el proyecto legislativo sobre Lavado de Dinero.
 

Se transcribe a continuación la nota realizada por el Dr. Daniel Bazán Richibut, titular del Estudio Bazán Richibut, asociado de AIERA.



Después del gran impacto que suscitó en la comunidad del comercio exterior la publicación de la Res. UIF 39,  por la cual se obligaba a exportadores, importadores, agentes de carga  y despachantes de aduana a cumplir con una selvática serie de obligaciones, el rápido actuar de AIERA junto a otras cámaras empresariales, logró suspender por 6 meses dicha Resolución -a través de  la la Res. UIF 55-, dando un plazo de 30 días a nuestra entidad –y a las otras- para  manifestar las dificultades que consideráramos oportunas para el mejoramiento del sistema, que como estaban dadas las cosas, afectaría en forma manifiesta el desenvolvimiento comercial y operativo de las pymes.

Mientras tanto, en la Cámara de Diputados de la Nación se aprobó el dictamen de mayoría (bloque oficialista más el radical), por el cual se modifica la ley 25.246 de de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo. El proyecto aprobado trae grandes esperanzas a los actores del comercio internacional, pues modifica al inc. 14 del art. 20 de forma contundente al excluir  entre los sujetos obligados a los exportadores, importadores y agentes de carga –no así a los despachantes aduaneros.   De esta manera, si dicha media sanción es aprobada en el Senado, la Res. UIF 39 quedaría derogada automáticamente, logrando así la comunidad exportadora evitar un problema grave sobre sus espaldas.


Como explicamos junto al Dr. Carlos Cruz  en el Seminario organizado por AIERA el 14 de abril pasado, la Res. 39  plantea 4 grandes líneas de obligaciones para las pymes, compuesta  cada una de ellas por una serie de extensos requisitos, también regulados por la Res. 39: en primer orden a) el Diseño de una política de prevención y b) la Implementación de una política de identificación de clientes. En segundo orden  c) el Reporte Sistemático y  d) el Reporte de Operaciones Sospechosas.


Desde A.I.E.R.A., el día 4 de mayo elevamos a la UIF nuestro análisis de la situación, manifestando nuestra opinión crítica (sin dejar de auspiciar la política oficial de control, auditoría y prevención de estos delitos), la cual puso su eje sobre estos puntos:


- Ninguna recomendación del GAFI incluía a los exportadores e importadores entre los sujetos obligados;
- Afectación directa al desarrollo comercial de las Pymes por la serie de sofisticados requisitos documentales que debían pedirse a los clientes (incluyendo extranjeros);
- Mayor burocracia operativa y mayores costos de implementación para las Pymes (manuales de procedimiento, capacitación, auditorías, sistemas informáticos);
- Falta de segmentación entre pequeñas y grandes empresas.
- Ausencia de sencillez en la confección de Reportes de Operaciones Sospechosas.


Desde A.I.E.R.A. continuaremos informando a nuestros socios sobre la evolución de este tema y esperamos que cualquiera sea la solución legislativa, la orientación de las medidas no afecten la normal operatoria de las Pequeñas y Medianas Empresas.


Buenos Aires, Mayo de 2011.
Dr. Daniel Bazán Richibut
Titular del Estudio Bazán Richibut
Socio de AIERA.



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