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IICE - Novedades Económicas 17-07-01
Durante la última semana la crisis se aceleró y la coyuntura prácticamente no existe porque lo que es un hecho, en pocas horas se transforma en historia antigua. La semana pasada después de algunos intentos alrededor de reducir el déficit por el lado del ANSES y el PAMI, el ministro Cavallo elevó su apuesta por la ortodoxia al máximo y enunció su nuevo eslogan: "Déficit cero".
Fiel a su estilo, el nuevo ajuste se difundió sin demasiados detalles y no provocó reacciones inmediatas en el mercado de valores local ni en el riesgo país. Jueves y Viernes fueron días negros durante los cuales no puede hablarse de tasas porque el crédito no existió.
El planteo es sencillo: Primero se paga la deuda externa. Lo que sobre se repartirá entre los empleados públicos, los jubilados y las provincias. Las reacciones ante semejante barbaridad no se hicieron esperar y pasó a protagonizar la escena la política, porque la propia alianza en el gobierno se resistió a aplicar estas medidas. Generalmente se critica a quienes se oponen a determinadas acciones oficiales porque no presentan una propuesta alternativa a la política que rechazan. Esta ocasión no fue el caso porque la propuesta alternativa apareció y es importante notar que aunque los prerrequisitos básicos se respetaban (pagar deuda y déficit cero) ni siquiera fue considerada por el presidente y su entorno en la medida en que afectaba intereses de las empresas privatizadas, los bancos y las AFJP.
Todo el fin de semana se destinó a buscar el consenso político y la aprobación de los gobernadores, dado que para que el plan sea creíble deben eliminarse también los déficit provinciales (este es un viejo reclamo del FMI). Finalmente no se logró contar con los gobernadores de la oposición y el presidente habló al país ratificando el ajuste. Es curioso que afirmara en su discurso no saber "dónde están los vivos que nos endeudaron" siendo que el Dr. Cavallo lo escuchaba sentado en la platea, a pocos metros.
El acuerdo firmado por el momento sólo con las provincias aliancistas, propone que todos los distritos adopten el déficit cero e impulsen la rebaja de costos en el poder legislativo, la generalización del impuesto al cheque a todo tipo de cuentas (lo que aún no fue debidamente aclarado), la generalización del IVA y su cobro en el momento de la percepción, la transferencia de los planes Trabajar a cada distrito (con los correspondientes recursos) y la adopción de mecanismos para la eficientización del gasto social. A cambio se sumarían 1000 millones de pesos al fondo de desarrollo provincial para paliar las consecuencias inmediatas del ajuste.
La propuesta desechada reemplazaba la reducción de haberes de jubilados por un aporte de las AFJP equivalente a una parte de sus comisiones por seis meses; el aporte de 100 millones por parte de Repsol YPF que se mantienen en litigio con el estado nacional (se propone que como cualquier usuario de un servicio público, Repsol "pague primero y reclame después"); el aumento de los aportes patronales en el sector servicios; la postergación de la devolución de impuesto a las ganancias propuesta recientemente por Cavallo y suspensión del descuento de 10 centavos por impuesto a la transferencia de combustibles.
Establecido firmemente el rumbo, el gobierno intentó retomar las conversaciones con los gobernadores justicialistas. A última hora corría la versión de que dichos gobernadores tendrían su propia propuesta de pacto que incluiría el traspaso de la policía federal y los juzgados a la Ciudad de Buenos Aires sin los recursos correspondientes (son unos 800 millones). De este modo, le estarían pidiendo al presidente que termine de romper la Alianza.