IICE - Novedades Económicas 12-11-01

• Finalmente, después de una excesiva demora y sin cumplir ninguno de los prerrequisitos que se había auto impuesto (arribar primero a un acuerdo con los gobernadores y lograr un entendimiento con organismos internacionales de crédito), el pasado 1º de noviembre el gobierno anunció las esperadas medidas económicas. Como es una costumbre con los planes implementados por el ministro Cavallo, faltaron muchas precisiones y fue necesario esperar varios días para conocer el real significado de algunas medidas, mientras que otras debieron ser corregidas por errores formales.
  
  El punto central es el lanzamiento de una renegociación del endeudamiento público que se ha pretendido presentar como voluntaria a pesar de que no lo es de ninguna manera. Técnicamente se ha llegado a la cesación de pagos, porque no puede hacerse frente a las obligaciones, pero la virtud del ministro ha sido la de pasar por encima de ese aspecto sin detenerse a considerarlo, intentando entrar de lleno en la negociación. Es decir, en ningún momento se ha dicho “no podemos pagar” sino directamente “a partir de hoy vamos a pagar de esta manera”.
  

• La renegociación anunciada el jueves sufrió modificaciones antes de comenzar: Si bien en primera instancia se había hablado de un canje por nuevos títulos, finalmente se transformará la deuda en préstamos garantizados con la recaudación. Esta medida favorece especialmente a los bancos que pueden reemplazar en sus activos títulos valuados por cerca de la mitad de su valor nominal por estos nuevos préstamos que se contabilizarán al cien por ciento, sin que este incremento patrimonial se vea afectado por el impuesto a las ganancias. Esta "aclaración" motivó que el sector financiero que en principió no apoyó el plan luego revisara su posición habiendo instituciones que ya han anunciado su intención de participar en la operación. Este primer tramo estará destinado a los tenedores locales de bonos. La tasa máxima a pagarse será el siete por ciento si se pacta interés fijo, o LIBO más tres puntos si se trata de interés variable. Si se tuviera éxito habría un ahorro inmediato de algo menos de 4.000 millones de dólares para 2002. Pero no debe pensarse que este dinero quedará entonces como un recurso que puede volcarse a la Economía para reactivarla. Sólo significa que durante ese periodo deberá ajustarse un poco menos.

El listado de medidas difundidas hasta el momento es el siguiente:
Decreto 1387:
- Se dispone la modificación del artículo 823 del Código Civil para permitir que se compensen los créditos y débitos de cualquier ciudadano con el Estado, siempre que el crédito resulte del incumplimiento del pago de un título público. De este modo se pretende "respetar la seguridad jurídica" y los "derechos de propiedad" de los tenedores de deuda. Se les está dando como garantía de pago no sólo la recaudación impositiva sino cualquier crédito que el Estado pudiera generar contra ellos.

- Se instrumentará la Factura de Crédito con una modalidad similar a la de la "duplicata" vigente en Brasil, que será obligatoria para ventas a plazo. También se crea la Cobranza Bancaria de Factura de Crédito, que será un título ejecutivo y podrá ser transferida por el vendedor al Banco, por medio de endoso. Este régimen tiene media sanción en Diputados y necesita algunas modificaciones para poder instrumentarse efectivamente. Es un régimen que fue muy reclamado por el sector empresario -especialmente por PyMEs proveedoras de grandes empresas-. La reglamentación específica decidirá si tiene éxito en promover el crédito a este sector o fracasa como en el anterior intento de implementación. La cobranza bancaria, de cualquier modo significa un renovado negocio para el sistema financiero.

- Se podrán afectar recursos para mejorar las condiciones de cumplimiento de la Deuda Pública. Significa que los impuestos serán afectados específicamente como garantía de los nuevos préstamos al 7 por ciento. Se modifica la ley previsional reduciendo a 5 por ciento el aporte personal de los trabajadores en relación de dependencia por un año, con la posibilidad de prorrogar el mecanismo por un año adicional. La medida alcanza a todos los trabajadores en relación de dependencia inscriptos en el Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones que sean aportantes tanto a una AFJP como al sistema de reparto. El sueldo de bolsillo aumenta alrededor de un seis por ciento para quienes no sean contribuyentes al impuesto a las ganancias y puede aumentar menos o ser casi neutro para quienes aportan a este impuesto. En el sistema de reparto, es necesario buscar recaudación alternativa para no desfinanciar el mecanismo. Los aportantes a las AFJP verán reducida su jubilación futura -más aún si las administradoras mantienen fijo el porcentaje de comisión- quedando como alternativa la realización de aportes voluntarios. Habrá un efecto de mayor demanda, pero seguramente menor que el que podría provenir de alternativas como un seguro de desempleo que prácticamente va al consumo en un cien por ciento.

- Se instruye al Ministerio de Economía a ofrecer en forma voluntaria la conversión de deuda pública nacional por Prestamos Garantizados o Bonos Nacionales Garantizados siempre que se consiga una menor tasa de interés. Adicionalmente a la afectación de la recaudación tributaria, se garantiza que si no se cumplen las condiciones pactadas, tendrá validez el título original con sus condiciones. Ya se ha decidido que no se tratará de Bonos sino de Préstamos. Esta condición pretende dar una mayor seguridad en el sentido de que si a pesar de la renegociación se cae en insolvencia -lo que si no se lleva adelante el canje, seguramente ocurrirá- la demanda podrá realizarse por la deuda original. Es una cláusula en cierto modo absurda, ya que si no puede cumplirse con condiciones más benévolas, mucho menos podría cumplirse con las más gravosas. Pero constituye una señal de que si todo fracasa, los acreedores obtendrán del gobierno nacional las mejores condiciones posibles. Esto equivaldría a decir que en una eventual quiebra, se les "inflaría el crédito".

- Se instruye al Ministerio de Economía para gestionar recursos para garantizar el canje de la deuda pública externa, a fin de recomprarla a valor de mercado y ofrecer un canje voluntario de títulos. Es la segunda etapa de la renegociación: los acreedores externos.

- Las deudas provinciales pueden convertirse en Préstamos Garantizados o Bonos Nacionales si estos distritos aportan como garantía los recursos de la coparticipación federal. Para este punto específico esperaba contarse con el aval de las Provincias antes de lanzar el plan, pero ante la negativa de los gobernadores debió avanzarse sin ese acuerdo.

- Las empresas constituidas como, o que se transformen en sociedades anónimas, podrán convertir en acciones que transferirán a la AFIP, las deudas que mantengan en concepto de impuestos nacionales hasta el 30 de septiembre pasado. La inclusión en este régimen las habilitará a cancelar sus deudas en mora con el sistema financiero mediante la entrega de títulos públicos a valor técnico. Asimismo, se podrán blanquear capitales mediante el mismo sistema, por un valor igual al monto de capitalización con AFIP. Las acciones cedidas al fisco pasarán a integrar un fideicomiso que será coparticipado con las provincias. Los accionistas originales de la empresa tendrán una opción de recompra con 12 por ciento de interés. Una vez más se premia el accionar entre irresponsable y cuasi delictivo de algunos empresarios que incluso reclamaron que toda la sociedad pagara sus deudas. Un mecanismo a la medida de grandes empresas que se verán beneficiadas mientras por otro lado los inspectores de AFIP salen a la calle a verificar quioscos. Evidentemente el gobierno conoce esta incongruencia pero prefiere soportarla a enfrentar el golpe de efecto que significaría que alguna otra empresa de renombre anunciara su cierre y/o traslado a otro país con motivo de la crítica situación local.

- Los deudores del sistema financiero en situación irregular al momento de publicarse el decreto, podrán cancelar sus deuda con títulos públicos a valor técnico. También es un beneficio al que se tiene menor acceso a medida que disminuye el tamaño de la empresa. Puede ser solución para las firmas que aún tienen un "resto" pero no equivale a una refinanciación de pasivos y sobre todo, mejora la posición de los bancos, que recuperan cartera morosa por títulos que luego cambiarán por préstamos garantizados con impuestos.

- La devolución de IVA a los exportadores podrá efectivizarse, a pedido de los interesados, en dólares.

- El IVA incluido en las compras de las personas físicas que actúen como consumidores finales y abonen mediante sistemas de transferencia bancaria, sufrirá un descuento de 5 puntos porcentuales. Más que un impulso al consumo, lo que puede esperarse de esta medida es una mayor bancarización y por lo tanto, un mejor control impositivo.

- Ante la aparición de medidas cautelares interpuestas en la justicia, que pudieran oponerse a las disposiciones de este Decreto, intervendrá la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

- A partir del 1 de abril de 2003 las contribuciones patronales podrán tomarse como crédito a favor en la determinación de la posición de IVA. En estas circunstancias, la fecha propuesta es el largo plazo.

· Adicionalmente al Decreto ómnibus, se conocieron otros veintidós decretos que lo complementan, amplían o establecen políticas adicionales:

Decreto 1377: Faculta a definir un plan vial y de infraestructura por 800 millones de dólares.

Decreto 1378: Establece condiciones para la financiación de la conexión eléctrica de la provincia de Santa Cruz al Sistema de Interconexión.

Decreto 1379: Autoriza al Ministerio de Infraestructura y Vivienda a reglamentar un régimen de promoción de este último sector.

Decreto 1380: Establece un plan de competitividad para la reactivación del sector petrolero.

Decreto 1381: Crea la Tasa de Infraestructura Hídrica (cinco centavos por litro de nafta), aplicable a partir del 1 de enero de 2002 y cuya recaudación se aportará a un Fondo de Infraestructura Hídrica que se utilizará para financiar obras de prevención de inundaciones y recuperación de tierras afectadas.

Decreto 1384: Régimen de facilidades de pago para obligaciones tributarias y previsionales previas al 30 de septiembre de 2001, este plan alcanzará hasta 120 cuotas con un interés mensual del 0,5 por ciento. La AFIP ha establecido que con el pago del 1 por ciento de la deuda podrán suspenderse los embargos de cuentas de los deudores. Debe recordarse que ante la caída de la recaudación impositiva que en octubre alcanzó al 11 por ciento, las necesidades de financiamiento que permitirían cumplir la condición de Déficit Cero en noviembre se han incrementado en 700 millones de pesos.

Decreto 1385: Los beneficios acordados por el Gobierno Nacional en los Planes de Competitividad suscritos y a suscribirse en el futuro, mantendrán su vigencia con independencia de la adhesión de las provincias y del incumplimiento en el mantenimiento del nivel de empleo por parte de los empresarios. Como se comentó en anteriores ediciones de este informe, las demoras en la implementación de estos convenios estaban provocando crecientes quejas en distintos sectores empresarios que incluso amenazaron con denunciar los convenios. A partir de este decreto se ha decidido que gocen de los beneficios -exención al impuesto al endeudamiento empresario, compensación aportes patronales con IVA y otros más específicos- aunque no cumplan con el compromiso de suspender los despidos.

Decreto 1386: Dispone exenciones impositivas para productores en zonas de desastre.

Decreto 1389: Se recrea un programa de sorteos cuya participación implica la presentación de facturas, con el objeto de promover la demanda de comprobantes por parte de los consumidores.

Decreto 1394: Instituye el Sistema de Información y Recaudación para la Seguridad Social, con los objetivos de mejorar la recaudación y reducir la evasión y el empleo en negro. Será gerenciado por el Instituto Nacional de los Recursos de la Seguridad Social, ente conformado por el Estado, las AFJP, las ART y los agentes del Seguro de Salud. Se creará un sistema de recursos de la seguridad social que utilizará la bancarización vigente en el pago de salarios -esto implicará nuevamente mayores ganancias para los bancos- de este modo se pretende simplificar los procedimientos y facilitar la persecución de la evasión.

Decreto 1395: Se reglamentará el uso del gas licuado como combustible para automotores.

Decreto 1396: Promueve la fabricación y utilización de biodiésel.

Decreto 1397: Dispone que la emisión de LECOP podrá alcanzar los 1300 millones de pesos.

Decreto 1398: Crea el ente “Informática Tributaria” que desarrollará sistemas informáticos para el área tributaria.

Decreto 1399: Modifica el régimen de la AFIP. Entre otros aspectos, introduce la financiación parcial del organismo con un porcentaje de lo recaudado y habilita a disponer programas de incentivos al personal en función del mismo ítem. Se pretende que la AFIP sea un ente público no estatal, que goce de mayor autonomía y pueda utilizar tecnología informática más compleja (Hace unos años, se había firmado un contrato millonario con una empresa del sector para llevar a cabo justamente una modernización, habría que suponer que este decreto implica el fracaso de aquella iniciativa).

Decreto 1400: Reformula el sistema de Seguridad Social: Se actualizará el Padrón de Beneficiarios, se implementará la libre elección de la obra social y se apoyará a las obras sociales en crisis.

Decreto 1401: Crea el régimen de contribuyente eventual para que estos trabajadores puedan estar incluidos en la seguridad social.

Decreto 1402: Pone en manos de la AFIP la reglamentación e instrumentación del descuento en el IVA para las compras abonadas con débito bancario.

Decreto 1403: Se podrán cancelar con LETES y títulos de deuda pública las obligaciones en concepto de multas por infracciones aduaneras.

Decreto 1404: Modifica el Decreto 1387 por errores formales.

Decreto 1405: Establece nuevas medidas para combatir la evasión el mercado de trigo.

• Las opiniones sobre estas medidas han sido en general muy cautas porque al depender el éxito o fracaso de las mismas de la voluntad de terceros (en primera instancia los bancos y las AFJP, luego los acreedores externos) y de pulseadas políticas (la discusión con los gobernadores), es difícil arriesgar una opinión técnica. Pero está claro que esto no es un cambio de modelo ni hay aquí un shock reactivador. Cuando el default declarado era cuestión de horas, se ha logrado ganar tiempo, dando la razón a aquella idea que sostenía que hacer casi cualquier cosa es mejor que no hacer nada. Se ha reconocido sin lugar a dudas –aunque demasiado tarde- que el primer problema que enfrenta la Argentina es su nivel de endeudamiento. La solución planteada no es la renegociación que alentaban quienes vienen planteando este problema hace varios años: aquí no se trata de una ruptura sino de medidas desesperadas para mantener el modelo a rajatabla, y si se mira desde el punto de vista de los acreedores probablemente lo más conveniente sea aceptar negociar el canje de deuda. Desde el comienzo, esta gestión gubernamental estuvo encaminada a garantizar (y con el megacanje, a acrecentar) las ganancias del sistema financiero. En función de esto se redujeron salarios, jubilaciones, pagos a proveedores y transferencias a las provincias. Recién cuando un mayor ajuste se hizo intolerable política y socialmente (y lo que es más importante: cuando se advirtió que era imposible escapar a la lógica de que un mayor ajuste sólo implica menor actividad y por lo tanto la necesidad de más ajuste) se ha decidido actuar sobre los bancos.
  
  También se ha reconocido el segundo problema que enfrenta el país: la recesión. Sin embargo en este punto no ha habido una acción tan enérgica. Muchas de las medidas que podrían definirse como reactivadoras se implementarán progresivamente y no parece que puedan producir rápidamente un shock de consumo, con lo cual el círculo nunca termina de cerrarse: si el éxito coronara la renegociación y las tasas descendieran creando un ámbito propicio para la inversión, ¿En función de qué expectativas de demanda crecería esa inversión? Porque, como se dijo, no se ve un fuerte impulso al consumo y por otro lado no hay buenas perspectivas para las exportaciones, dada la recesión mundial y nuestra particular situación cambiaria.
  
  Respecto de lo anterior, es interesante tomar nota de las opiniones de Joseph Stiglitz, último Premio Nobel de Economía, en el sentido de que son preocupantes las políticas erradas que llevan a una mayor contracción del gasto agregado porque agravan la recesión mientras que lo importante es reactivar el crecimiento y en este sentido eliminar el déficit "es sólo una cara de la moneda". En su disertación en la Universidad de Buenos Aires, Stiglitz también descartó que el camino para terminar con la crisis sea "generar confianza" porque no se le ocurren "muchos ejemplos en que la confianza pueda restaurarse en el marco de una recesión". Y nuestra recesión lleva cuarenta meses.
  
  Esto nos trae al tercer problema, la convertibilidad, que no ha sido identificado por el gobierno como tal sino todo lo contrario: se ha anunciado el mantenimiento a rajatabla de ese esquema que equivale a la ausencia de política monetaria. Así, poco se ha hecho para incrementar la competitividad de la economía y compensar los shocks externos. Esto, sumado a las casi nulas medidas para el comercio exterior no hace alentar muchas expectativas de crecimiento.
  
  En resumen, una mala lectura de la situación local, las condiciones internacionales, y la aplicación de planes equivocados han empujado al gobierno a la cesación de pagos. En esta situación se ha elegido privilegiar los intereses de los acreedores hasta último momento sugiriendo que cualquier alternativa que gire alrededor de no pagar e intentar "vivir con lo nuestro" es inviable. Todo esto ha sido presentado con un discurso totalitario que sostiene que "esta es la única posibilidad" y quienes plantean caminos diferentes "no dicen de dónde sacar los recursos". Esto no es cierto. Hay alternativas que se plantean tanto dentro del país como en el exterior. Para adoptarlas es preciso alejarse del discurso y el accionar perversos del sistema financiero nacional e internacional, que todo lo reduce a una ingeniería especulativa que crea ganancias de la nada y determina que el país que hace tres años era el ejemplo y la guía a seguir por las "economías emergentes" hoy sea el menos confiable del planeta de acuerdo a su indicador de "riesgo país".
  
  En este marco, lo restante es cosmética: La moratoria nuevamente otorga un premio al incumplimiento, pero debe ser bienvenida en la medida en que permita aliviar el creciente cierre de empresas con su secuela de pérdida de puestos de trabajo. El blanqueo y la capitalización parecen más bien instrumentos a la medida de grupos empresariales acostumbrados a “socializar las pérdidas”.Otros elementos, como la Factura de Crédito y la figura del contribuyente eventual, son interesantes y merecerían un mejor análisis y una mejor suerte de la que podrían correr lanzados en el medio de una crisis casi terminal.
  
  Yendo a lo más específico, dentro del alud de Decretos, anuncios y versiones resulta grata la novedad respecto del Régimen de Control Preembarque: “Caro, ineficiente y corrupto” fueron los calificativos utilizados por funcionarios de AFIP al anunciar su remoción. Seguramente escucharemos los aplausos de todo el sector ante la desaparición de este régimen caprichosamente impuesto por el entonces titular de AFIP Carlos Silvani, al que AIERA supo oponerse tenazmente, recurriendo incluso a la Justicia.
  
  En la semana que se inicia, los riesgos de estallido continúan y los peligros son varios: el rechazo de los bancos a la renegociación, que estaría ya descartado. La persistencia en la negativa a acordar por parte de las principales provincias gobernadas por la oposición. Un fracaso en el viaje mendicante del Presidente a Estados Unidos en cuanto a obtener una señal un poco más concreta que frases de aliento. Una escalada de conflictos gremiales adicionales a los protagonizados por maestros y camioneros y por último, la situación de los depósitos y las reservas internacionales, en la medida en que durante octubre se volatilizó prácticamente el aumento de estas últimas obtenido luego del último respaldo del FMI.
  
  El Banco Central, por su parte, parece estar preparándose para alguna contingencia en ese sentido: ordenó a los bancos comerciales repatriar parte de las reservas que éstos depositan en la sucursal Nueva York del Deustche Bank, transfirió reservas propias de Estados Unidos a Europa, incrementó los aportes que los bancos deben efectuar para el seguro de depósitos y redujo la tasa de referencia en función de la cual se determina el nivel de depósitos garantizados ante la caída de alguna institución del sistema.

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