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IICE - Novedades Económicas 26-12-01
Después de 740 días de gobierno, el Dr. De la Rúa se vio obligado a dejar su cargo en medio de un estallido social generado, en definitiva, por una sucesión de ajustes económicos con los cuales se pretendió afrontar –en base a un diagnóstico equivocado- una situación que si bien era heredada, se agravó al persisitirse en la aplicación de políticas neoliberales y de adhesión a las ideas e intereses de los acreedores internacionales. Si bien la experiencia que finaliza merece un análisis más extenso, puede decirse en líneas generales que durante dos años el país fue dirigido por un gobierno que paulatinamente fue ingresando en una especie de autismo que le impidió ver las necesidades de los distintos sectores sociales, productivos y del trabajo, hasta que las mismas lo desbordaron. En lo específicamente económico, es difícil recordar medidas claramente encaminadas a lograr la reactivación de la demanda interna que, más allá de los anuncios, hayan sido efectivamente implementadas o no hayan sido contrarrestadas a través de una reducción del gasto público o un incremento en los impuestos. La lógica fue la de hacer frente primero al endeudamiento público y administrar el remanente, con lo cual no había ninguna posibilidad de éxito.
La oposición justicialista resolvió su interna para la transición y en 48 horas designó a Adolfo Rodríguez Saa para hacerse cargo de la Presidencia de la Nación por noventa días. Los primeros anuncios del nuevo Presidente están orientados a un cambio de modelo: Concretamente, se ha establecido la suspensión de los pagos de capital e intereses correspondientes al endeudamiento público externo y se ha anunciado la intención de destinar recursos a resolver la emergencia social y ocupacional, para luego plantear la renegociación de la deuda. Así, se ha atacado primero el problema central: que el país de ninguna manera podía seguir soportando la salida de riqueza real sin contrapartida (esto es el pago de deuda), luego se pretende atender la situación social y buscar vías para reactivar la producción mientras se estudian las alternativas para recuperar la política monetaria y salir de manera ordenada de la paridad 1 a 1 entre el peso y el dólar.
Por el momento, se conoce la emisión de una nueva moneda o título público que tendrá por objeto recrear los medios de pago diezmados por las últimas medidas de Cavallo y por años de recesión. Si no hay un desborde es difícil que esta medida aislada aliente la inflación, aunque sí podría significar una quita para los tenedores en la medida en que sea recibido por empleados públicos y proveedores del estado en paridad con el peso y luego sufran un descuento en el mercado. De este modo el estado recaudaría una especie de impuesto inflacionario sin que los precios en pesos se modificaran.
Si hay presiones inflacionarias, pueden venir por el lado de las importaciones. Sea cual fuere la forma de salir de la convertibilidad, será difícil que los productos importados no incrementen su costo. Después de diez años de destrucción sistemática del aparato productivo nacional, es muy difícil que queden cadenas productivas que no incluyan insumos provenientes del exterior. Esto puede obligar a la adopción de tipos de cambio o sistemas de incentivo diferenciales para favorecer el ingreso de insumos cuya provisión no puede interrumpirse.
Más allá de la declaración del nuevo gobierno, el default se producirá técnicamente cuando se deje de cumplir con un pago de intereses o capital. Esto podría no ocurrir hasta fines de enero. El incumplimiento disparará cláusulas de las distintas emisiones de bonos por las cuales automáticamente será exigible la totalidad de la deuda, tanto la vencida como la no vencida y disparará una serie de reclamos contra el Gobierno Argentino en tribunales extranjeros. Como los reclamos son contra el gobierno, los activos de los ciudadanos argentinos en el exterior no corren ningún peligro, pero el país entrará en aislamiento financiero es decir no podrá endeudarse en el exterior –esta situación no difiere de lo vivido durante el corriente año- La diferencia pasa por la acentuación de las restricciones por el lado de las importaciones. En estos momentos el comercio exterior está prácticamente paralizado y lo más seguro es que el estricto control de cambios perdure, con lo cual pueden esperarse dificultades adicionales para el pago de deudas privadas. Los proveedores externos reclamarán el pago anticipado, lo cual sólo está permitido por la actual legislación para la adquisición de bienes de capital e insumos considerados “críticos” de modo que este es un problema a resolver, quizás a través de líneas de crédito comercial de gobierno a gobierno.
Como ya se dijo, el principal problema de la economía argentina estaba dado por la imposibilidad –asumida por todos dentro y fuera del país, salvo el anterior gobierno- de pagar la deuda y crecer. Paradójicamente, el principio de la solución a ese problema desde el punto de vista de las acciones a tomar, es relativamente sencillo: se trata de tomar la decisión de no pagar. No ocurre lo mismo con la paridad cambiaria. El uno a uno no sirve, pero por un lado hay muchas salidas alternativas y por el otro se teme que dicha salida derive en hiperinflación. Las soluciones mágicas no existen y la solución pasará por intentar repartir los costos de la manera más equitativa posible. Esto no evitará los sacrificios pero les dará un sentido, marcando una diferencia sustancial con el proceso del que acabamos de salir.