IICE - Novedades Económicas 29-01-02

• Al retomar este contacto semanal es oportuno hacer un resumen de lo acontecido en lo que va del año: En primer lugar, después de casi once años de vigencia y mediante la Ley de Emergencia Pública se derogó la convertibilidad del peso al modificarse la Ley 23.928. Continúan vigentes hasta el momento la prohibición de la indexación y la inembargabilidad de las reservas.
  

• Entre las distintas posibilidades de manejo del tipo de cambio, se eligió el desdoblamiento en un tipo oficial fijo de $ 1,40 por dólar y un tipo libre flexible con intervención del Banco Central. Sin embargo, se anunció que la intención es ir en un plazo breve a la flotación. Históricamente, el sistema de cambios múltiples en nuestro país ha llevado a ciclos de inflación y devaluación: la ampliación de la brecha entre la paridad fija y la libre o paralela fomentaba prácticas ilícitas en el comercio exterior y empujaba hacia una devaluación. Una vez producida la misma, se realimentaba la puja distributiva y se producían presiones inflacionarias que al ser convalidadas mediante emisión llevaban a una nueva depreciación de la moneda en el mercado libre, reiniciando el ciclo. Si en esta ocasión no ocurre tal mecanismo se debe a la indisponibilidad de los depósitos y a la inusitada recesión que padecemos, con lo cual la brecha entre ambas cotizaciones no pasa de 20 - 25 por ciento.
  

• El temor a un estallido ha llevado a proceder de esta manera intentando evitar alimentar la demanda de dólares y su posterior fuga del país. Sin embargo, las restricciones a los pagos al exterior amenazan la provisión de insumos críticos. En las palabras del propio presidente, se procede como si se estuviera desarmando una bomba: paso a paso y con extrema cautela, a lo que se suma la presión social derivada de la incertidumbre acerca de la oportunidad y valor al que recibirán sus acreencias los depositantes. En este sentido fueron desafortunadas las marchas y contramarchas sobre el "corralito" y sobre todo el anuncio inicial en el sentido de que los depósitos en dólares se devolverían en esa moneda, lo cual era imposible de cumplir.
  

• La principal cuestión que se esgrimía contra la devaluación era la situación de todos aquellos particulares y pequeñas empresas endeudados en dólares que no podrían hacer frente a sus compromisos y este problema se resolvió de la única manera posible: transformando esas deudas (hasta el tope de 100.000 dólares) en pesos, con lo cual se produjo una transferencia desde el sistema financiero hacia los deudores. A partir de esta situación se desató una serie de presiones sobre el gobierno para establecer en definitiva si es el sistema financiero quien asume la pérdida o la comparte con los ahorristas y el sistema productivo. Si bien en un principio parecía que se estaba más cerca de la primera opción, con el correr de los días se ha ido perdiendo la claridad acerca de este asunto.
  

• Otros elementos de la emergencia económica son la desindexación y renegociación de contratos de obras y servicios públicos, la renegociación de contratos privados durante 180 días, la posibilidad de establecer regulaciones transitorias de precios, la suspensión de la intangibilidad de los depósitos (que se había establecido por Ley 25.466) hasta diciembre de 2003 y la suspensión de despidos por 90 días.
  

• La principal observación que hay que hacer es que hasta el momento se ha tomado una serie de medidas para salir de la convertibilidad más desde el punto de vista financiero que como sistema económico. Si bien se ha producido una devaluación, los beneficios para el sector exportador se ven relativizados por la confusión de normas financieras y cambiarias acerca de la liquidación de las divisas, la persistencia del factor de convergencia, la indefinición sobre reintegros y devolución de IVA. Por el lado de las importaciones, la política cambiaria no ha resultado por el momento un elemento que se perfile como contribuyendo a la recuperación de la producción nacional, en la medida en que las importaciones que se cursan por el mercado libre son solo las de escasos bienes superfluos y poco significativos. Tampoco se ha discutido aún una política arancelaria coherente con ese objetivo. Por otro lado la participación del gobierno de Estados Unidos como factor de apoyo para la obtención de financiamiento de organismos internacionales se constituye en una presión adicional en la cuestión ALCA - Mercosur.
  

• El default anunciado en su momento por Rodríguez Sáa, se concretó finalmente en los primeros días de enero cuando se dejó caer el pago de un bono nominado en liras. Curiosamente el nivel de riesgo país (que ha perdido todo interés frente al renacimiento del dólar libre) ha experimentado bajas que confirman su carácter absolutamente especulativo ya que no puede negarse el que riesgo de no pago nunca es tan alto como cuando efectivamente se anuncia que no se pagará. Sin embargo una curiosidad de este default ha sido la decisión de seguir pagando las cuotas de los organismos internacionales de crédito "con el fin de no perder la capacidad de recibir financiamiento". De este modo se derrumba otro mito, a saber, el que sostenía que declarado el default nuestro país se transformaría en una especie de paria internacional. Lo único que solicita el FMI es un plan económico coherente. Esto es lo mismo que solicita el sector productivo, pero seguramente las definiciones de coherencia no coinciden. De cualquier manera, está claro que no hay aún un plan, un rumbo económico definido. Es necesario definirlo con urgencia y esto es lo que ha comprometido el gobierno para el próximo fin de semana. Recién después de conocerse esos lineamientos podrá establecerse si cabe la esperanza o nos encaminamos a una nueva frustración.

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