IICE - Novedades Económicas 09-04-02

• El jueves pasado, el INDEC dio a conocer los índices de precios correspondientes a marzo, que arrojaron un resultado de un 4 por ciento de incremento para minoristas y 11,2 por ciento en los precios al por mayor. Sobre esta cuestión suele agitarse el fantasma de que estos índices son retocados a fin de mostrar resultados más favorables, por lo cual no reflejan la realidad adecuadamente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la elaboración del índice se lleva a cabo mediante la observación de una canasta de consumo que incluye gran cantidad de bienes y servicios. Dado que especialmente estos últimos no han aumentado aún –o lo han hecho durante los últimos días de marzo, con lo cual no fueron captados por el relevamiento- su inclusión en el cálculo del índice lleva el resultado final hacia abajo. Es obvio que los alimentos y los artículos de limpieza han aumentado por encima del 4 por ciento en general. En la medida en que nuestra canasta de consumo incluya mayor cantidad de esos productos, nuestra percepción de la inflación (nuestro ·”índice personal de precios”) será mayor pero esto no significa necesariamente que los índices oficiales hayan sido tergiversados.
  

• Sí se observa, en cambio, una creciente disparidad entre precios mayoristas y minoristas. En otros términos, los aumentos a lo largo de la cadena de producción y distribución no se están trasladando en toda su magnitud como ocurría en épocas de inflación desatada en el pasado. Puede hablarse entonces de inflación reprimida, en la medida en que los sectores que han moderado el aumento de sus precios hayan decidido resignar sus márgenes sólo momentáneamente hasta recibir señales más claras de los mercados y las autoridades. Este fenómeno se observa patentemente en la pulseada que sostiene el sector supermercadista con la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor a cargo de Pablo Challú. Esta secretaría había dispuesto que los comercios del sector aludido informaran sus precios semanalmente, decisión cuya aplicación se postergó a cambio de un acuerdo para no aumentar los precios durante el feriado de semana santa, lo cual se habría cumplido sólo parcialmente según las asociaciones de consumidores, que acusan a la secretaría de debilidad. Una verdadera encrucijada para el gobierno que no puede convalidar remarcaciones salvajes, pero tampoco tiene nada para ofrecer a cambio.
  
  
  

• Una muestra de lo anterior es la Resolución 35 del Ministerio de Economía que dispuso elevar las retenciones para exportaciones de cereales, oleaginosas, molinería y aceites al 20 por ciento. Esta decisión tiene el doble objetivo de allegar recursos adicionales al Estado que así se asocia a la rentabilidad ganada por un sector que vio incrementarse su ingreso bruto en un 150 por ciento desde enero. Por otro lado es sabido que las retenciones tienen el efecto de disminuir el precio en el mercado interno puesto que el ingreso alternativo a percibir será el pago del exterior menos el impuesto. Sin embargo, contrariando la lógica más elemental fuentes del sector anunciaron aumentos en panificados y afines motivados por “la imposición de retenciones”, lo cual constituye un absurdo y una burla a autoridades y consumidores.
  
  
  

• Mientras tanto, el dólar se ha mantenido estable –alrededor de los 2,75 pesos por unidad- ya que la liquidación e ingreso de divisas por parte de los exportadores sumada a la licitación de letras que continúa absorbiendo pesos mediante el pago de altas tasas compensan el efecto de las filtraciones desde los depósitos indisponibles en el mercado financiero que escapan hacia la divisa.
  
  
  

• A propósito de lo anterior, surge que el sistema financiero continúa sin funcionar, es decir, sin cumplir su función de canalizar ahorro hacia actividades productivas y es probable que esta situación se prolongue por mucho tiempo. Será necesario pensar en nuevos mecanismos que generen confianza en los ahorristas por un lado y alternativas de financiación para las empresas por el otro. Hay quienes entienden que a mediano plazo los bancos solo podrán funcionar como captadores de inversiones financieras que tengan contrapartidas absolutamente líquidas –con encajes elevadísimos- mientras las empresas deberán financiarse únicamente con mecanismos bursátiles o emisión de títulos. Anunciar que se reintegrarán los depósitos en enero de 2003 –incluso a través de una comunicación del banco central- y desdecirse a las 24 horas no ayuda precisamente a regenerar confianza en el sistema.
  
  
  

• Mientras tanto continúa desarrollando su misión en el país el equipo del FMI liderado por Anoop Singh, que negocia con las provincias directamente con el objeto de lograr que la República tenga un déficit fiscal unificado. Esto no deja de ser otra muestra de debilidad del gobierno nacional, que se corre a un costado para que el Fondo negocie aquello en que sus funcionarios fracasaron. Como ha ocurrido históricamente, el FMI pretende que las provincias reduzcan su gasto –por ende el personal ocupado- y contengan la emisión de bonos a fin de generar un excedente real –el superávit fiscal- que permita reanudar los pagos al exterior y reintegrar al país a los circuitos financieros internacionales que aportarán capitales si se garantiza la seguridad jurídica y se elimina cualquier tipo de restricción al comercio. En otras palabras, el mismo plan que acaba de fracasar derivando en la crisis más grave de nuestra historia.
  
  
  

• Un plan cuyos resultados están a la vista: según informes de prensa, el número de pobres en el conurbano alcanza a seis millones de personas. La cantidad de hogares con ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica se habría duplicado en los últimos seis meses, siendo muy superior incluso a la que se registraba en 1989. Esto no puede sorprender por cuanto en aquella época y a pesar de quince años de agresión previa, nuestro país tenía aún algo parecido a un aparato industrial que hoy no existe.

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