IICE - Novedades Económicas - 04-06-02

• Aunque la noticia más destacada de los últimos días en el plano económico ha sido lo que, por el momento, es la propuesta definitiva del gobierno al problema de la indisponibilidad de los depósitos, instrumentada a través del Decreto 905, más importante para el gobierno ha sido lograr la derogación de la ley de subversión económica y el compromiso de los principales distritos –estaría firmando Santa Fe- para reducir sus déficit presupuestarios.
  
  

• En virtud de estos factores –que oficialmente se consideran logros- se estaría solicitando reanudar las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional a fin de conseguir un acuerdo con ese organismo al cual prácticamente está supeditada la continuidad del gobierno, ya que de continuar la caída de reservas al ritmo actual se puede entrar en un escenario de desastre a corto plazo. Una ayuda del Fondo, aunque no signifique fondos frescos sino solamente la postergación de los pagos a esa institución permitiría por lo menos dejar de utilizar reservas con ese fin como se ha hecho recientemente. Por otro lado y desde un punto de vista político, permitiría afrontar las renovadas presiones de los promotores de la dolarización o la neo convertibilidad que bombardean a diario desde los medios de comunicación a una población confundida y asustada.
  
  

• Volviendo al Decreto 905, si el canje por bonos fuera aceptado por el 100 por ciento de los depositantes, el endeudamiento público se incrementaría en aproximadamente 22.500 millones de dólares, que a los valores actuales es algo así como el 25 por ciento del PBI. Está claro que este esquema no será sostenible en el tiempo y por más que los bonos arranquen y se negocien con un descuento muy importante el compromiso de pago por parte del Estado que implican no caduca con lo cual se entrará en un default sobre el default o se vivirá un proceso de permanente renegociación. Pero como nuestra propia experiencia ha demostrado, esta última alternativa termina siendo explosiva.
  
  

• El endeudamiento señalado en el párrafo anterior incluye 9.500 millones de bonos nominados en dólares que se entregarán a los bancos en compensación por la “pesificación asimétrica” entre depósitos y créditos. A esta altura está claro que la intervención estatal en el sistema financiero realizada en diciembre, terminó siendo nefasta: se intervino en un contrato particular, se terminó compensando –con costo fiscal- a ambas partes y no se resolvió ninguno de los problemas que se planteaban porque la fuga de depósitos continuó, también la pérdida de reservas, los bancos hubieran caído de todos modos de no ser por los redescuentos que vienen recibiendo y, lo fundamental, el sistema financiero ha dejado de funcionar.
  
  

• Esto último ha entendido el equipo económico cuando a través del decreto 905 pretende recrear un sistema financiero “libre” que por lo menos permita recrear el crédito comercial. La utilización de los nuevos bonos para compra de bienes semovientes registrables (autos, maquinarias) construcción de viviendas y pago de impuestos adeudados al 30/6/01 tienden a dar algún impulso a la Demanda Agregada, pero es difícil cuantificar la intensidad de ese impacto.
  
  

• Como contrapartida, en el afán de allegar nuevos depósitos se ha previsto su indexación así como la apertura de cuentas en dólares (fondos utilizables únicamente para financiar operaciones de exportación). El primero de estos elementos contribuirá a potenciar las presiones inflacionarias, ya que si los depósitos y préstamos bancarios se indexan será muy difícil evitar la indexación total de la economía. Debe recordarse que si bien el ritmo de aumento del nivel de precios se está desacelerando merced a la recesión, todavía no se han producido aumentos de tarifas de servicios y los combustibles continuarán incrementando su precio según anunciaron fuentes del sector. Así la permanente caída del salario real continuará afectando a la economía real y agudizará las tensiones sociales debilitando aún más al gobierno.
  
  

• En el marco de esta situación de incertidumbre económica y política no es un dato menor la conformación de la nueva asociación empresarial “argentina” que reúne “capitanes de la industria” que históricamente se han caracterizado por articular sus negocios alrededor de la acción del Estado y que han decidido dejar de lado cualquier disfraz de defensa gremial empresaria –como podía ser la UIA- para conformar un poder de lobby que les permita contrapesar el que tiene el sector financiero. Esta asociación puede marcar el ocaso de la institución mencionada que en los últimos años se caracterizó por estar dirigida por ex empresarios que evolucionaron luego hacia cargos políticos ya sea por voto o por designación. Por otro lado, es una oportunidad para los sectores de PyME en el sentido de entender que la defensa del sector debe transcurrir por canales horizontales y que sirve de poco sumarse a la acción de los grandes conglomerados que operan con otra lógica, con otros medios y con otras intenciones.

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