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IICE
- Novedades Económicas - 18-06-02
Durante
esta semana comienza la instrumentación del Decreto 905, mediante el
cual se intenta comenzar a salir de la situación planteada por la indisponibilidad
de depósitos planteada en diciembre pasado por el entonces ministro
Cavallo. Debe recordarse que, tanto aquella medida como la solución
que se plantea ahora tienen por principal objetivo sostener al sistema
financiero. Como ya se ha dicho en esta página, el plan de canje por
bonos implica una transferencia a favor del sistema financiero que termina
soportando toda la sociedad. Este auxilio permite que el sistema siga
operando y legitima el despojo al que fueron sometidos aquellos ahorristas
que realizaron depósitos en dólares en entidades que decían tener el
respaldo de sus casas matrices del exterior, lo que luego no se plasmó
en la realidad.
La decisión
que deben tomar los ahorristas se basa en dos premisas (tomando los
casos más extremos dentro de las opciones disponibles): si desean recibir
dólares dentro de diez años o pesos ajustados en cuotas a partir del
año que viene por un lado y si desean mantener una promesa de pago de
un banco comercial (su depósito reprogramado) o del Estado. La decisión
depende de la confianza que inspire cada institución, de la mayor o
menor necesidad de los fondos y de los usos alternativos puesto que
los bonos pueden ser utilizados para cancelar impuestos, abriendo una
vía de utilización adicional especialmente para las empresas.
Si este
canje fuera exitoso en el sentido de que se aceptaran los bonos mayoritariamente,
podría atenuarse la salida de depósitos del sistema que es financiada
con redescuentos y se dirige al dólar provocando pérdida de reservas.
Estas últimas cayeron la semana pasada por debajo de los 10 mil millones
y si continuara a ese ritmo, se llegaría a fin de año a una situación
explosiva. Es por ello que se pretende acordar con el FMI un programa
monetario que acote esa pérdida de reservas contando con un apoyo del
organismo que consistiría solamente en postergar los pagos que deben
realizarse en julio venidero.
Durante
la semana pasada, el dólar interrumpió un proceso de alza permanente
que venía mostrando desde principios de mayo. Sin embargo no puede hablarse
aún de una reversión de la tendencia que puede observarse claramente
en el gráfico y que como se ha comentado en otras oportunidades estuvo
permanentemente convalidada por el Banco Central que sólo se limitó
a evitar subas violentas. También influyó en el proceso una mayor liquidación
de divisas por parte de los exportadores que ante el avance de la normativa
han visto limitada su posibilidad de dilatar estas operaciones.
La derogación
de la ley de subversión económica y la promesa de vetar algunos artículos
que podían permitir asignar todavía alguna responsabilidad a banqueros
vía código penal, permitió la llegada de una misión del FMI que tiene
un carácter más bien exploratorio, acerca de la implementación del ajuste
en las provincias. Esto obviamente ha sido presentado por el gobierno
como un logro en cuanto significaría el “regreso” a la consideración
de la economía mundial. Debemos recordar sin embargo, que nada bueno
ha surgido en definitiva de las innumerables misiones del Fondo que
nos han visitado en los últimos años. Por el contrario, en estos meses
ha comenzado a observarse cierto aumento en la actividad de sectores
netamente exportadores y sustitutivos de importaciones que ante el violento
cambio de precios relativos han quedado posicionados favorablemente.
Esta mayor actividad de sectores como calzados, textiles, maquinaria
agrícola y productos regionales no alcanza a revertir la tendencia recesiva
pero constituyen una buena señal que puede ser abatida si se nos impone
un nuevo ajuste.
Un elemento
que podría contribuir a recrear el crédito comercial, la Factura de
Crédito en su nueva versión, ha sido puesto en vigencia. Esta factura
tiene la utilidad de documentar pagos cuando se realizan a más de treinta
días. Habrá que ver qué posibilidades de ser descontadas en entidades
financieras tienen estos instrumentos dado el marco actual del sistema.
Otra duda está dada por la viabilidad de su imposición por parte del
proveedor PyME al gran cliente, que siempre podrá presionar en base
a su mayor poder en el mercado, por lo que para que el sistema funcione
necesitará una cuota de conciencia solidaria por parte de las PyMEs
en el sentido de resistir estas presiones en forma conjunta.